La consideración del bien común en una sociedad pluralista a partir de las reformas participativas y la ley de descentralización en el Perú (III)

Participación ciudadana y descentralización

Se nos inscribe así en un marco institucional en donde los mismos procedimientos son la consecución del bien común en una democracia pluralista. Los papeles entonces que juegan las Mesas de Concentración de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), el Acuerdo Nacional (AN), como la Ley de bases de la Descentralización con la elección de autoridades “regionales” y los mecanismos participativos a nivel regional como local con los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Consejos de Coordinación Local (CCL), son de suma importancia para la consecución del bien común en una sociedad pluralista como la peruana.

En el gobierno de transición de Valentín Paniagua se dio un peso importante a la incorporación de la sociedad civil en la esfera de los asuntos públicos. Una de las medidas para incorporarla fue la creación de las MCLCP que tenían como objetivo principal la inclusión de vastos sectores de la sociedad peruana que habían sido históricamente excluidos de los espacios públicos. Además, mediante la descentralización de las decisiones importantes de los programas contra la pobreza se buscaba evitar el clientelismo (característico de la época fujimorista) de tales políticas. Como responsabilidad principal tenían la formulación de planes de desarrollo de manera concertada y participativa para cada uno de los niveles del gobierno[1]. Fueron por tanto un espacio de dialogo y coordinación en donde se encontraban inscritos el Estado, los partidos políticas y la sociedad civil, que buscaban organizar estrategias y políticas contra la pobreza.

Por su parte, el AN tiene como fin principal conciliar políticas de Estado que “dieran sentido al país independientemente de los gobiernos que resultaran elegidos”[2]. Sin embargo, uno de los problemas que ha surgido dentro del mismo es la igualdad entre los grupos que componían esta mesa de concertación. En otras palabras, partidos políticos nacionales eran puestos al mismo nivel que grupos que mediante protestas violentas buscaban estar presentes en el foro[3]. Esto sería visto por Huntington[4] como un estado de transición de la sociedad pretoriana a la sociedad cívica. Porque si bien estos grupos siguen participando de manera directa en la política mediante las manifestaciones y huelgas (que son los medios propios mediante los cuales participan en ella), reconocen la instancia del AN como un espacio en donde sus demandas insatisfechas pueden ser escuchadas. Este último punto es algo que no sucede en las sociedades pretorianas  que describe Huntington, dado que los grupos que participan de manera directa en política no reconocen como intermediarios legítimos a todo aquel que no sea perteneciente del grupo, es decir, al otro.

La necesidad de un país descentralizado era algo inminente. Esta necesidad fue transformada en leyes y reformas durante el Gobierno de Alejandro Toledo. Dentro de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley n° 27783)[5] estaba por primera vez la elección de autoridades ‘regionales’, que supuestamente deberían ser transitorias dado que hasta el momento están superpuestas a los departamentos. Con ello, se abría un nuevo escenario y espacio político para la confluencia de los intereses regionales los cuales fueron expresados en los Movimientos regionales (MR) o las Organizaciones políticas de alcance local (OPAL), en otras palabras, se “creo una arena para la competencia política de los cuadros intermedios”[6]. Junto con ello estaban los CCR y CCL en donde la sociedad civil organizada concierta con los partidos políticos y las autoridades un Plan de desarrollo Concertado. Así los planes y presupuestos son organizados a niveles regionales como locales y se da una fuerte participación de la ciudadanía[7].

Ahora bien, todas estas reformas, leyes participativas y descentralizadoras tenían como fin la inclusión y apertura hacia diversos grupos del sistema político. Mediante esta apertura se permitió que diversas entidades participaran en la toma de decisiones colectivas lo que permitió la determinación del bien común del sistema político mediante los procesos democráticos. El proceso de democrático permite que las unidades políticas se manifiesten como apropiadas para esta determinación porque se inscribían dentro de un sistema político poliárquico como contexto institucional. Este contexto permitió que los MR, partidos políticos o asociaciones civiles puedan expresar sus preferencias para la toma de decisiones colectivas. La posibilidad de esta expresión se debió a que todos tenían igual oportunidad para[8]:

a) Formular sus preferencias

b) Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios ante el gobierno, individual y colectivamente

c) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe hacer discriminación por causa del contenido o del origen de tales referencias

Mediante aquellas reformas y leyes se reconoció la autonomía de los grupos, asociaciones, movimientos para establecer ellos mismos sus fines. Con ello todo actor político fue considerado como el mejor juez de sus propios intereses y, se develaron como calificados para autogobernarse y ser capaces de estructurar el bien común en toda toma de decisión colectiva. Todos estos cambios, que se dieron a partir del gobierno de transición de Paniagua, abrieron la posibilidad de escuchar y considerar de una manera más o menos igualitaria los intereses de los distintos grupos. Las decisiones colectivas que se tomaban por ejemplo en el AN o las MCLCP mediante los siguientes procesos democráticos[9]:

i) Participación efectiva en donde los ciudadanos tenían las mismas oportunidades para expresar sus preferencias

ii) Igualdad de los votos en la etapa decisoria

iii) Comprensión esclarecida

iv) Control del programa de acción

Estos procesos democráticos son los caminos mediante los cuales se determinaba el bien común. Consecuentemente Dahl nos señala que “en un régimen democrático en gran escala, como el de un país, el pluralismo asociativo combinado con una buena dosis de descentralización de las decisiones en los gobiernos locales, ayudaría a que se tomase en consideración de una manera más o menos equitativa los intereses de los distintos públicos. En tal sentido, podría alcanzarse en una democracia pluralista el bien común”[10] .


[1] Vergara, El choque de los ideales. Reformas institucionales y partidos políticos en el Perú post-fujimorato, IDEA Internacional, Perú 2009

[2] Ibid. pg. 33

[3] No entrare en detalle de cómo esta igualdad  terminó perjudicando a los partidos políticos. Baste decir que una de las razones estuvo relacionado con la igualdad entre grupos que invertían en hacer política y los que no.

[4] Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, ed: Paidos, Buenos Aires 1972

[5] No entrare en detalle los problemas que ha traído consigo este intento de descentralización. Sin embargo, entre ellos se encuentra el problema de la autonomía fiscal, o el aumento de responsabilidades pero al imposibilidad de mejorar o aumentar la infraestructura para hacerse cargo.

[6] Melendez, Los efectos no esperados de la reforma política. Lecciones del caso peruano (2002-2006), University of Notre Dame

[7] Hoy en día a lo largo de la ciudad de Lima (si bien más en unos distritos que en otros) pueden verse afiches que invitan al ciudadano a participar en las decisiones del presupuesto municipal.

[8] Dahl, La Poliarquía. Participación y oposición, ed: Tecnos, Madrid 1989, pg. 14

[9] Democracia y sus críticos, pg. 135

[10] Ibid. pg. 355

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