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Schumpeter: el líder político, la voluntad general y la democracia (1)

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Son tres los principales argumentos en contra de la teoría clásica democrática que esboza Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Como bien señala David Held en Modelos de Democracia, es erróneo hablar de una teoría clásica dada la existencia de diversas teorías y cada una con aristas diferentes; sin embargo,  esto no desmerece las críticas que hace Schumpeter a la herencia recibida. La primera de ellas está en relación con el concepto de bien común como “un faro orientador de la política, que siempre es fácil de definir y que puede hacerse percibir a toda persona normal por medio de la argumentación racional” (Schumpeter 1971: 321). A partir de este bien común se puede discernir qué acción y medida tomada es buena o mala, con lo cual el individuo ordenara su actuar de acuerdo a esta meta por cumplir y velara responsablemente por el fomento de este bien común. Para el autor este bien común, esta meta unívocamente determinada sobre la cual todo el mundo está “o puede hacérsele estar de acuerdo en virtud de una argumentación racional”, no existe.

Dada la multiplicidad de intereses existentes en la sociedad, como la diferencia valorativa entre los individuos, el bien común ha de significar necesariamente cosas distintas. Como Schumpeter está esbozando una aproximación realista de la democracia se hace evidente que la imposibilidad de llegar al bien común, o las distintas interpretaciones sobre el mismo, se hace aún más notorio en sociedades modernas que se encuentran económica y culturalmente diferenciadas. Además, suponiendo que individuos y grupos puedan coincidir en perseguir el mismo objetivo, entra en juego la problematización de los medios para alcanzarlo. Pues, partiendo del supuesto de que los individuos se han puesto de acuerdo en cual es el bien común ¿de qué manera debería alcanzarse?

Los distintos valores e intereses que poseen las personas hará que el medio elegido para alcanzar determinado objetivo esté condicionado no solo a tus intereses sino también al sistema valorativo que posee cada persona. Esto significa que no existen soluciones o respuestas definidas a los problemas singulares de los individuos,  “la ‘salud’ puede ser deseada por todos y, sin embargo, la gente puede discrepar en cuanto a la vacunación y la vasectomía” (Schumpeter 1971: 323). Así, apelar a la consideración de un bien común que será acordado mediante una lógica argumentativa racional por una suerte de voluntad general es inviable, porque existen “valores últimos” que están más allá de todo tipo de explicación lógica. A partir de la imposibilidad de existencia de un bien común, se desvanece el concepto utilitarista de una volonté générale. Esto se debe a que el bien común era el centro hacia el cual gravitaban todas las voluntades individuales y, como la voluntad general derivaba de las voluntades de los individuos, sin faro orientador se elimina la posibilidad de una volonté générale “natural”.

La segunda crítica frente a la teoría clásica democrática está referida al problema de la toma de decisiones por parte de organismos no-democráticos. Esto está estrictamente relacionado con la manera como el autor trabaja la volición individual y la imposibilidad de que exista una ‘voluntad del pueblo’. El individuo no posee una voluntad independiente y racional como se suele decir que la tiene. Para que pueda darse es necesario no solo que sepa de un modo preciso aquello que quiere conseguir o defender, sino que a su vez debe ser capaz de dar conclusiones claras y distintas bajo la regla de la deducción lógica. Esto sería equivalente a esperar que toda opinión de un ciudadano fuera igualmente buena que la de cualquier otro, algo que para Schumpeter es absurdo. Además, partiendo de que se pudiera dar una suerte de construcción de la voluntad del pueblo, es “muy probable que las decisiones políticas a que se llegue mediante ese proceso no concuerden con “lo que el pueblo realmente quiere”, sobre todo cuando las voluntades están muy divididas” (Schumpeter 1971: 326). Lo que señala Schumpeter es que las decisiones pueden por tanto ser tomadas por organismos que no son democráticos y, al final, pueden terminar siendo más aceptables por las personas que las decisiones democráticas.

Antes de entrar en la tercera crítica de la herencia clásica, se hace necesario esclarecer previamente como mira Schumpeter la naturaleza política humana misma. Para el autor existen dos características del ser humano que explican su falta de juicio en cuestiones políticas. La primera, es el debilitamiento del sentido de la responsabilidad. Este debilitamiento se debe al alejamiento de las preocupaciones directas que afectan al individuo como la familia, la oficina, la iglesia, el sindicato u otro donde sea un miembro activo. La racionalidad y precisión del pensamiento y acción se dan solo en este pequeño ámbito privado del individuo. Mientras que cuando se mueve en ‘lo nacional e internacional’ se carece de todo nexo directo e inequívoco con aquellas preocupaciones privadas. Se da para el autor una pérdida completa “del sentido de la realidad”. Entrar en el campo de las cuestiones políticas es para el ser humano promedio como ingresar a un mundo ficticio. Consecuentemente, esta sensación de realidad restringida explica “no sólo un sentido limitado de la responsabilidad, sino también la falta de voliciones efectivas”. Ésta viene a ser la segunda característica.

Si bien cada uno puede tener deseos, preferencias o aversiones, estas no corresponden a lo que se llama voluntad, es decir, “la contrapartida psíquica de una acción responsable y consciente de su finalidad” (Schumpeter 1971: 334). Para el ciudadano corriente a la hora de meditar sobre las cuestiones nacionales no se da una voluntad de tal tipo, principalmente porque para Schumpeter la política carece de una finalidad clara y distinta. Este es el rezago de la ausencia del bien común, un objetivo claro y evidente hacia el cual todas las voluntades individuales pueden apuntar. Consecuentemente, como no existe esta meta, el éxito y el fracaso son difíciles –sino imposibles- de determinar, no existe un comportamiento responsable y los errores que cometamos no nos pueden ser imputados inmediatamente, y “por ello [el individuo] invierte menos esfuerzo disciplinado en dominar un problema político que en una partida de bridge”.

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La consideración del bien común en una sociedad pluralista a partir de las reformas participativas y la ley de descentralización en el Perú (IV)

Conclusión

El problema de determinar el bien común en un sistema político plural, es decir en un país, está referido a querer comprenderlo como un objeto lleno de un contenido determinado, estático e inmóvil. Como se pensaba en las ciudades-Estado el bien común de todo ciudadano era la virtud cívica. Sin embargo, una noción sustantiva del bien común solo era posible en aquellas reúblicas pues eran pequeñas, homogéneas y unánimes. Ante la antinomia de Rousseau en donde toda sociedad abarca ella misma sub-unidades las cuales tienen sus propios intereses, una definición única del bien común era obviamente imposible, por lo cual se hacía necesario otra manera de comprender el bien común. Ahora, el bien común no es comprendido desde sus resultados sino como los procedimientos, prácticas, instituciones y procesos que promueven nuestro bienestar y el de los demás. Lo interesante es que los ideales que llenaban la idea del bien común no se disuelven, sino más bien se expresan en los procedimientos mismos. En otras palabras, los procesos, prácticas y procedimientos son la personificación del ideal, del bien común. Bajo esta nueva comprensión del bien común entran en juego los conceptos de equidad, integración, inclusión, apertura, igualdad y justicia que se expresan en las instituciones como el AN, o la MCLCP o las leyes de descentralización y participación ciudadana. Ellos son procedimientos mediante los cuales el bien común de la sociedad plural peruana se alcanza. A través de ellos las decisiones colectivas no solo determinan el bien común, sino también logran articular los distintos intereses característicos del pluralismo de un país democrático. Los distintos grupos de la sociedad encuentran en ellos caminos mediante los cuales pueden satisfacer sus demandas y necesidades. Los caminos que seguirán para esta satisfacción son justamente los procesos democráticos que ayudaran a que toda decisión colectiva delimite el bien tomando en consideración aquellos que serán afectados significativamente por ella. Finalmente, el bien común en la sociedad peruana podrá ser alcanzado siempre y cuando se respeten los procedimientos que permiten la consecución del mismo.

La consideración del bien común en una sociedad pluralista a partir de las reformas participativas y la ley de descentralización en el Perú (III)

Participación ciudadana y descentralización

Se nos inscribe así en un marco institucional en donde los mismos procedimientos son la consecución del bien común en una democracia pluralista. Los papeles entonces que juegan las Mesas de Concentración de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), el Acuerdo Nacional (AN), como la Ley de bases de la Descentralización con la elección de autoridades “regionales” y los mecanismos participativos a nivel regional como local con los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Consejos de Coordinación Local (CCL), son de suma importancia para la consecución del bien común en una sociedad pluralista como la peruana.

En el gobierno de transición de Valentín Paniagua se dio un peso importante a la incorporación de la sociedad civil en la esfera de los asuntos públicos. Una de las medidas para incorporarla fue la creación de las MCLCP que tenían como objetivo principal la inclusión de vastos sectores de la sociedad peruana que habían sido históricamente excluidos de los espacios públicos. Además, mediante la descentralización de las decisiones importantes de los programas contra la pobreza se buscaba evitar el clientelismo (característico de la época fujimorista) de tales políticas. Como responsabilidad principal tenían la formulación de planes de desarrollo de manera concertada y participativa para cada uno de los niveles del gobierno[1]. Fueron por tanto un espacio de dialogo y coordinación en donde se encontraban inscritos el Estado, los partidos políticas y la sociedad civil, que buscaban organizar estrategias y políticas contra la pobreza.

Por su parte, el AN tiene como fin principal conciliar políticas de Estado que “dieran sentido al país independientemente de los gobiernos que resultaran elegidos”[2]. Sin embargo, uno de los problemas que ha surgido dentro del mismo es la igualdad entre los grupos que componían esta mesa de concertación. En otras palabras, partidos políticos nacionales eran puestos al mismo nivel que grupos que mediante protestas violentas buscaban estar presentes en el foro[3]. Esto sería visto por Huntington[4] como un estado de transición de la sociedad pretoriana a la sociedad cívica. Porque si bien estos grupos siguen participando de manera directa en la política mediante las manifestaciones y huelgas (que son los medios propios mediante los cuales participan en ella), reconocen la instancia del AN como un espacio en donde sus demandas insatisfechas pueden ser escuchadas. Este último punto es algo que no sucede en las sociedades pretorianas  que describe Huntington, dado que los grupos que participan de manera directa en política no reconocen como intermediarios legítimos a todo aquel que no sea perteneciente del grupo, es decir, al otro.

La necesidad de un país descentralizado era algo inminente. Esta necesidad fue transformada en leyes y reformas durante el Gobierno de Alejandro Toledo. Dentro de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley n° 27783)[5] estaba por primera vez la elección de autoridades ‘regionales’, que supuestamente deberían ser transitorias dado que hasta el momento están superpuestas a los departamentos. Con ello, se abría un nuevo escenario y espacio político para la confluencia de los intereses regionales los cuales fueron expresados en los Movimientos regionales (MR) o las Organizaciones políticas de alcance local (OPAL), en otras palabras, se “creo una arena para la competencia política de los cuadros intermedios”[6]. Junto con ello estaban los CCR y CCL en donde la sociedad civil organizada concierta con los partidos políticos y las autoridades un Plan de desarrollo Concertado. Así los planes y presupuestos son organizados a niveles regionales como locales y se da una fuerte participación de la ciudadanía[7].

Ahora bien, todas estas reformas, leyes participativas y descentralizadoras tenían como fin la inclusión y apertura hacia diversos grupos del sistema político. Mediante esta apertura se permitió que diversas entidades participaran en la toma de decisiones colectivas lo que permitió la determinación del bien común del sistema político mediante los procesos democráticos. El proceso de democrático permite que las unidades políticas se manifiesten como apropiadas para esta determinación porque se inscribían dentro de un sistema político poliárquico como contexto institucional. Este contexto permitió que los MR, partidos políticos o asociaciones civiles puedan expresar sus preferencias para la toma de decisiones colectivas. La posibilidad de esta expresión se debió a que todos tenían igual oportunidad para[8]:

a) Formular sus preferencias

b) Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios ante el gobierno, individual y colectivamente

c) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe hacer discriminación por causa del contenido o del origen de tales referencias

Mediante aquellas reformas y leyes se reconoció la autonomía de los grupos, asociaciones, movimientos para establecer ellos mismos sus fines. Con ello todo actor político fue considerado como el mejor juez de sus propios intereses y, se develaron como calificados para autogobernarse y ser capaces de estructurar el bien común en toda toma de decisión colectiva. Todos estos cambios, que se dieron a partir del gobierno de transición de Paniagua, abrieron la posibilidad de escuchar y considerar de una manera más o menos igualitaria los intereses de los distintos grupos. Las decisiones colectivas que se tomaban por ejemplo en el AN o las MCLCP mediante los siguientes procesos democráticos[9]:

i) Participación efectiva en donde los ciudadanos tenían las mismas oportunidades para expresar sus preferencias

ii) Igualdad de los votos en la etapa decisoria

iii) Comprensión esclarecida

iv) Control del programa de acción

Estos procesos democráticos son los caminos mediante los cuales se determinaba el bien común. Consecuentemente Dahl nos señala que “en un régimen democrático en gran escala, como el de un país, el pluralismo asociativo combinado con una buena dosis de descentralización de las decisiones en los gobiernos locales, ayudaría a que se tomase en consideración de una manera más o menos equitativa los intereses de los distintos públicos. En tal sentido, podría alcanzarse en una democracia pluralista el bien común”[10] .


[1] Vergara, El choque de los ideales. Reformas institucionales y partidos políticos en el Perú post-fujimorato, IDEA Internacional, Perú 2009

[2] Ibid. pg. 33

[3] No entrare en detalle de cómo esta igualdad  terminó perjudicando a los partidos políticos. Baste decir que una de las razones estuvo relacionado con la igualdad entre grupos que invertían en hacer política y los que no.

[4] Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, ed: Paidos, Buenos Aires 1972

[5] No entrare en detalle los problemas que ha traído consigo este intento de descentralización. Sin embargo, entre ellos se encuentra el problema de la autonomía fiscal, o el aumento de responsabilidades pero al imposibilidad de mejorar o aumentar la infraestructura para hacerse cargo.

[6] Melendez, Los efectos no esperados de la reforma política. Lecciones del caso peruano (2002-2006), University of Notre Dame

[7] Hoy en día a lo largo de la ciudad de Lima (si bien más en unos distritos que en otros) pueden verse afiches que invitan al ciudadano a participar en las decisiones del presupuesto municipal.

[8] Dahl, La Poliarquía. Participación y oposición, ed: Tecnos, Madrid 1989, pg. 14

[9] Democracia y sus críticos, pg. 135

[10] Ibid. pg. 355

La consideración del bien común en una sociedad pluralista a partir de las reformas participativas y la ley de descentralización en el Perú (II)

El problema del bien común

El bien común se enfrenta por tanto a las consecuencias de las transformaciones por las cuales han pasado las sociedades. ¿Cuáles son estas consecuencias? La consecución del mismo en una sociedad que abarca dentro de ella misma varios grupos, asociaciones, unidades o entidades políticas. Cada uno de estos grupos posee determinados intereses que se diferencian de los otros grupos, diferentes asociaciones persiguen distintos fines, con lo cual la consecución del bien común en una sociedad pluralista se dificulta. La idea de la comunidad y el orientar tus acciones hacia el bien de la misma ha sido por tanto perdida, no porque ya no se busque, sino por la evidencia de la multiplicidad de asociaciones, grupos e intereses que trae consigo un fuerte cuestionamiento. Consecuentemente los países democráticos modernos se enfrentan a dos preguntas a la hora de tomar en consideración el bien común: ¿el bien de quién? Y ¿cómo puede promovérselo? Como señala Dahl, la primera pregunta constituye un problema moral mientras que la segunda un problema político[1].  Para él, estos problemas habían sido ya sugeridos por Rousseau al decirnos que “todas las sociedades políticas se componen de otras sociedades más pequeñas de diferentes tipos, cada una de las cuales tiene sus propios intereses y axiomas. (…) La voluntad de estas sociedades particulares tiene siempre dos referentes: para los miembros de la asociación, es la voluntad general; para la sociedad global, es una voluntad privada, y muy a menudo se descubre que en el primer aspecto es virtuosa, y viciosa en el segundo”[2]

Para tratar de resolver está primera problemática sin irnos a consideraciones más abstractas y universales, Dahl propone la limitación del bien común. El límite del mismo estaría determinado por un umbral mínimo en el cual se considere a todas las personas que son afectas en grado significativo por una toma de decisión. En otras palabras, el ámbito específico del bien común puede variar mucho y esta variación dependerá en gran medida de cuál sea la cuestión a ser resuelta. El límite del bien común será determinado por la consideración de las personas que se verán afectadas de manera significativamente por esta decisión[3]. Además, es de suponer que el ámbito incluye a individuos que estando dentro de los límites del Estado, no gozan de plena ciudadanía; por lo cual, como estos no participan de la vida política dependerán del altruismo de los ciudadanos, es decir, de aquellos que tienen derecho de participar en la esfera política[4]. Claro, aquí nos enfrentamos al supuesto de que todo individuo tiene intenciones altruistas a la hora de tomar las decisiones. Si bien esta suposición es difícil de comprobar, también lo es el hecho de que todo individuo no actúa de forma altruista, es decir,  que sus decisiones no son nunca influidas por una suerte de altruismo.  Por ello, el autor menciona que “no carece de realismo esperar que [un individuo] actúe en forma altruista hacia aquellos a quienes está unido por lazos de amor y afecto, pero sin duda es exagerado suponer que va a ser siempre altruista en su vida política”[5]. Abre la posibilidad de que si bien el individuo no siempre va a actuar de una manera altruista, si existe la posibilidad de que a veces si lo haga.

Dada la importancia que el autor da no solo a la parte normativa, sino también a la empírica de la democracia (o poliarquía en su expresión real), busca no solo responder a preguntas como ¿qué es la democracia?, sino también ¿qué tipos de instituciones requiere la democracia? Por ello, el problema de la delimitación del bien común nos lleva a preguntarnos cómo es posible alcanzarlo, y más específicamente, si es posible alcanzarlo mediante el pluralismo y la poliarquía. La posibilidad de alcanzar  el bien común en un país democrático pluralista está supeditada a tres preguntas[6]:

a)      ¿el bien de quien debemos tomar en cuenta?

b)      ¿cuál es la mejor manera de determinarlo en las decisiones colectivas?

c)       ¿qué es, como entidad sustantiva?

La pregunta primera hace referencia a la dificultad de aplicar la delimitación del bien común. La dificultad se debe porque la toma de decisión colectiva que considera el bien de todos los individuos que serán afectados por ella de manera significativa se encuentra obstaculizada por la “existencia de pluralismo en los países democráticos y entre ellos”. Entonces, siguiendo con la segunda pregunta, las decisiones colectivas son aquellas que ayudan a determinar el bien común y la mejor manera de llegar a esta determinación es mediante los procesos democráticos. Sin embargo, dado que todo sistema político es un abanico de asociaciones, unidades o entidades políticas, éstas pueden pretender ser no solo la unidad democrática apropiada sino quizás también la única para adoptar las decisiones colectivas sobre el asunto en cuestión.  Aún así la unidad política apropiada será aquella que es capaz de autogobernarse por el proceso democrático. Finalmente, tratar de encontrar un contenido a aquello que es el bien común es un camino tentador pero errado para Dahl. En otras palabras, es evidentemente descaminado “buscar el bien exclusivamente en los resultados de las decisiones colectivas y soslayar el bien propio de los procedimientos mediante los cuales se llega a ellos”[7].

El bien común consistente consecuentemente en las prácticas, procedimientos, instituciones y procesos que promueven nuestro bienestar y el de los demás. No está referido a objetos, actividades o relaciones especificas. Si bien no logra promover el bien de ‘todos’, si logra promover el de un número considerable de individuos lo suficiente como para “tornar aceptables y quizás hasta valorables esas prácticas, procedimientos, etc.”[8]. Es importante rescatar que los procedimientos no son algo separado de los ideales que persiguen, sino que son la expresión de los mismos en tanto caminos hacia ellos. Es decir, el ideal se manifiesta en el procedimiento que busca llegar a él, o si se prefiere, el procedimiento es la manifestación, personificación del ideal. Esta relación es vista desde una perspectiva moral por Hegel en Los principios de la filosofía del derecho:

El fin santifica los medios (…) es una expresión por sí trivial e insignificante. Se le puede responder que un fin santo santifica por cierto los medios, pero no así un fin que no sea santo. Si el fin es justo  lo serán también los medios, lo cual es una proposición tautológica, pues los medios son precisamente lo que no es por sí sino a causa de otro y tiene en él, en el fin, su valor y determinación, si es verdaderamente un medio[9].


[1] Ibid. 351

[2] Ibid. 348 citado por Dahl

[3] Para el autor es de suma importancia tener presente que la limitación o ámbito del bien común abarca no solo a personas vivas, sino también a aquellas que aún no han nacido. Del mismo modo, le parece absurdo tratar de limitar el ámbito del bien común a las fronteras de un estado, pues las decisiones del mismo pueden perjudicar a personas fuera de estas fronteras.

[4] Esta consideración hace inevitable el pensar los ciudadanos de segundo nivel que son considerados en el libro de Sinesio Lopez Ciudadanos Reales e imaginarios. Aquí se devela como en el Perú existen diversos grados de ciudadanía o, si se prefiere, si bien todos son iguales ante la ley no todos disfrutan de esta igualdad.

[5] Ibid. 354

[6] Ibid. pg. 368

[7] Ibid. pg. 369

[8] Ibid.

[10] Hegel, Los principios de la filosofía del derecho, ed: Sudamericana, Buenos Aires 2004, pg. 145

La consideración del bien común en una sociedad pluralista a partir de las reformas participativas y la ley de descentralización en el Perú (I)

La visión histórica

El problema del bien común como señala Dahl representa varios problemas. El primero y más obvio  de ellos está en la consideración del mismo dentro de un sistema político determinado. Este sistema no se encuentra caracterizado por la homogeneidad de sus ciudadanos, sino por la heterogeneidad de los mismos. Lo que conlleva a que exista una multiplicidad de intereses dentro de un mismo sistema político y, consiguientemente, existan varias interpretaciones de lo que constituye aquel bien común. Históricamente empezando desde Grecia, el bien común estaba confinado a un sistema comparativamente pequeño, unitario y homogéneo, en donde todo ciudadano podía estar seguro de conocer el bien común, el bien de todos, el bien de la polis. Este conocimiento estaba fuertemente relacionado con el actuar de las personas, toda decisión y acción de estas estaba orientada a la consecución de aquel bien común. Los intereses también se veían orientados a la consecución de aquel fin último. Aristóteles nos decía que “aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades”[1]. Esta visión será criticada por Dahl dado que la democracia griega poseía un concepto excluyente de ciudadanía y, por lo tanto, aquel bien común que se perseguía y que supuestamente era para el bien de toda la polis, era en realidad la expresión de una minoría[2].

Ahora bien, el problema  de la consideración del bien común dentro de un sistema político se debe a la evolución histórica por el cual ha pasado, es decir, el paso de las ciudades-Estado al Estado nacional. La ampliación del territorio de los Estados así como la expansión de los integrantes del mismo. El contexto ha cambiado y con ello se dificulta la persecución del bien común. Este problema fue visto por el propio Madison en el Federalista X desde la perspectiva democrática. Para él la democracia pura (la ateniense) es “una sociedad integrada por un número reducido de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno, no puede evitar los peligros del espíritu sectario. En casi todos los casos la mayoría sentirán una pasión o interés común, se producirá en la forma de gobierno un tipo de comunicación y acuerdo constantes, de tal modo que la minoría quedara sacrificada”[3].  Tiene una visión negativa de aquella democracia griega porque no poseía los contrapesos de poder para controlar los deseos de una facción (que puede ser la misma mayoría) y por tanto proteger a los ciudadanos de esta tiranía. Si bien Madison busca encontrar la estructura institucional que permita controlar los espíritus de las facciones, es importante señalar como mediante este diseño se enfrenta ya al problema del bien común. Entonces, dado que ya no existen aquellas pequeñas repúblicas o ciudades-Estado es necesario para ver la solución de este problema “situarnos en el contexto de los sistemas democráticos de muy gran tamaño, o sea, en el contexto de la poliarquía y el pluralismo que la acompaña”[4].


[1] Aristóteles, Ética Nicomáquea, ed: Gredos, Madrid 2000, 1094b 6

[2]Se mostro siempre escéptico con respecto a la democracia participativa griega no solo porque la participación política estaba restringida a un limitado porcentaje de la población ateniense y por tanto alejada de sus ideales, sino también por la debilidad estructural del propio modelo que no tomaba en consideración un juego de contrapesos y divisiones de poderes.

[3] Hamilton, Madison, Jay, El federalista, ed: FCE, México 2001, pg. 39

[4] Dahl, R., La democracia y sus críticos, ed: Paidos, Buenos Aires 1991, pg. 348


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